Científicos pagados para escribir cartas.
La industria del tabaco intentaba desacreditar el informe de la EPA*

David Hanners

* Artículo original, publicado en Saint Paul Pioneer Press, el 15 de julio de 1998.

 

La industria del tabaco pagó miles de dólares a algunos científicos para que escribieran cartas en publicaciones de influencia criticando un informe del Gobierno de Estados Unidos de 1993 en el que se decía que el tabaquismo pasivo provocaba cáncer de pulmón, según documentos desclasificados.

Los informes muestran que, en muchos casos, los abogados de la industria del tabaco redactaban las cartas antes de enviarlas para su publicación. Existen indicios de que el personal de los despachos de abogados escribieron algunas cartas para que las firmaran los científicos.

Las cartas, que estaban destinadas a sembrar la duda sobre el importante informe de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección del Medio Ambiente) sobre el humo de tabaco en el ambiente, tenían precios diversos. La industria del tabaco pagó a un bioestadístico 10 000 dólares por escribir una sola carta al Journal of the American Medical Association. Un antiguo consejero de sanidad del Gobierno recibió 6000 dólares por una carta enviada al editor de The Wall Street Journal. En total, 13 científicos recibieron más de 156 000 dólares por sus cartas y algunos manuscritos, por lo que se ha demostrado después. Según parece se les pagaba tanto si el material era publicado como si no.

Tan pronto como el informe de la EPA salió a la luz se desató un debate entre los científicos sobre sus métodos y descubrimientos. Desde entonces, muchos epidemiólogos independientes han realizado estudios sobre el asunto y se muestran satisfechos con las conclusiones de la EPA, que consideran válidas.

Los activistas antitabaco y algunos científicos afirman que las cartas preparadas confundieron al público exagerando el alcance de la auténtica controversia científica sobre los efectos del tabaquismo pasivo.

«Es un esfuerzo sistemático para contaminar la literatura científica. No es un debate científico legítimo», afirmó el Dr. Stanton Glantz, profesor de medicina en la Universidad de California, en San Francisco, y autor del libro The Cigarette Papers, publicado en 1996. «Básicamente, el problema es que pagan a gente para que escriban estas cartas, y luego citan las cartas como si los que las hubieran escrito fueran científicos independientes y desinteresados --manifestaba Glantz--. Después las usaban para construir una literatura falsa y mostrar actuaciones como la del juez Osteen, como ejemplo de que la EPA actúa con malicia».

Glantz se refería al juez de distrito William Osteen, de Carolina del Norte, que falló el mes pasado que el informe de la EPA se basaba en hechos científicos inadecuados. La EPA ha criticado la decisión del juez y ha manifestado que apelará.

Los portavoces del Instituto del Tabaco y las dos compañías de abogados que han dirigido el proyecto de las cartas, Covington and Burling, de Washington, y Shook, Hardy & Bacon, de Kansas City, no quisieron hacer declaraciones o no contestaron llamadas referentes a este artículo.

Los responsables de las publicaciones con las que ha contactado Pioneer Press manifestaron que, aunque algunos de los autores reconocieron tener relación con la industria del tabaco, los editores no sabían que estos autores cobraban miles de dólares por escribir las cartas. Algunos de los editores también dijeron que sabían por qué los fabricantes de cigarrillos habían preferido que los científicos escribieran cartas en vez de artículos científicos. Las cartas atraviesan muchas menos pruebas antes de su publicación.

«Algunas veces, lo que publicamos como cartas son, básicamente, artículos científicos muy cortos. No obstante, las cartas no atraviesan la misma revisión por pares que los artículos, comentarios y análisis. Existe una diferencia», afirmaba David Lewin, editor del Journal of the National Cancer Institute.

La publicación de Lewin fue una de las que estaban en la lista del proyecto de la industria del tabaco; en un período de seis meses, sólo en 1993, cinco científicos recibieron 28 550 dólares por escribir siete cartas al National Cancer Institute Journal.

Los documentos también muestran que la industria pagó a los científicos por escribir artículos para diversas publicaciones científicas. Uno recibió 25 000 dólares por un artículo para su publicación en Risk Analysis. Un miembro del consejo editorial del Journal of Regulatory Toxicology and Pharmacology, junto con un colega, recibieron 25 000 dólares por escribir un artículo para su propia publicación.

«En lo que atañe a los puntos de vista que adoptan estas personas, probablemente son puntos de vista que no adoptarían si no se les pagara para ello», declaraba Jim Repace, antiguo analista de gestión de la EPA que ha firmado más de 50 artículos científicos sobre el tema del tabaquismo pasivo.

«Nos encontramos con una prueba de la enorme máquina propagandística que mueven y dirigen los abogados, muchos de ellos externos a la industria», afirma Repace. Julia Carol, codirectora de Americans for Nonsmokers' Rights (Americanos por los derechos de los no fumadores) y activista antitabaco desde hace mucho tiempo, se mostraba más directa: «No son científicos, son prostitutos –afirmaba--. Son como matones a sueldo, disfrazados de científicos. Es absoluta, completa y profundamente detestable».

Sin embargo, declaraba: «No me sorprende lo más mínimo».

Los registros de los pagos están entre los millones de páginas de documentos de las industrias tabaqueras desvelados después de tanto tiempo, como resultado de un reciente proceso judicial desarrollado en Minnesota contra los fabricantes de tabaco. Este proceso terminó en mayo, y las compañías acordaron pagar 6600 millones de dólares al Estado y a los codemandantes Blue Cross y Blue Shield de Minnesota.

En enero de 1993, la EPA declaró oficialmente el tabaquismo pasivo como carcinógeno para el ser humano, atribuyéndole más del 20 % de los casos de cáncer de pulmón sufridos por la población de no fumadores de Estados Unidos.

La agencia empezó a estudiar el caso en 1988. En los meses anteriores al informe final de la agencia, los directivos del Instituto del Tabaco empezaron a planear cómo desacreditar los resultados del estudio, que ya esperaban que fueran negativos. Empezaron una búsqueda a nivel internacional de científicos que estuvieran dispuestos a criticar el informe.

En una nota no firmada del instituto, con fecha 9 de julio de 1993, con el titular: «Proyecto: búsqueda de más asesores científicos», el autor manifestaba lo que estaban buscando las compañías tabaqueras: «Las prioridades máximas son un cardiólogo y un experto en cifras (epidemiólogo, bioestadístico) –decía--. Las personas ideales son las que estén a punto de jubilarse y que no dependan de Administraciones burocráticas a través de subvenciones».

Entre las personas con las que dieron estaba el Dr. Gio Batta Gori, antiguo cargo ejecutivo en el National Cancer Institute, que ahora trabaja como asesor para la industria del tabaco.

Entre diciembre de 1992 y julio de 1993, Gori recibió 20 137 dólares por dos cartas dirigidas a The Wall Street Journal, una carta dirigida a la publicación británica The Lancet, una carta para el National Cancer Institute Journal y un artículo de opinión para The Wall Street Journal, según demuestran las pruebas.

El artículo de opinión fue rechazado por los editores del rotativo, pero ello no impidió que Gori cobrara de la compañía de abogados Covington and Burling 4137,50 dólares por él. Gori, ahora asesor privado sobre tabaco en Bethesda (Maryland), afirma no recordar esas cartas en particular: «Fue hace seis años. ¿Quién se acuerda de esas cosas?», manifestó.

Dijo que no era nada malo que le pagaran por escribir esas cartas y que ese era su trabajo. «¿Tú no cobras por lo que escribes? --preguntó--. Todos hacemos lo mismo.»

Pero el Dr. Steve Miles, experto en ética del Centro de Bioética de la Universidad de Minnesota, afirmó que el aspecto relacionado con la «ciencia de compra y venta» del proyecto de las cartas «era enormemente destructivo».

«Confunde profundamente el debate público respecto a cuestiones importantes --dijo--. ¿Qué pasa si la ciencia se convierte en otra forma de erudición? El público ya tiene dificultades para entender los datos y el conocimiento científicos. Cuando sometemos estos datos y estos conocimientos (y su interpretación) a este tipo de prácticas, lo que hacemos es ponernos todos al mismo nivel de erudición... como la Firing Line.1

Jim Repace opinaba que, debido a la complejidad del asunto, las cartas de los científicos podían afectar fácilmente a la opinión pública. «Podríamos contar el número de personas que entienden las estadísticas de la vida pública con los dedos de una mano y el número de personas que han leído directamente el informe de la EPA sería aún menor. Estos científicos pueden conseguir el efecto que quieran. Pueden influir en la opinión pública».

Otro científico pagado por el Instituto del Tabaco para que escribiera una carta sobre el tema de los fumadores pasivos fue el bioestadístico Nathan Mantel, de la American University, en Washington. Recibió 10 000 dólares por una carta de ocho párrafos publicada en el número del 13 de octubre de 1993 del Journal of the American Medical Association (JAMA).

En la carta, criticaba a los autores de un estudio griego publicado en 1992, que relacionaba el humo del tabaco del ambiente con los casos de cáncer en fumadores pasivos. «Parece que JAMA ha publicado el estudio... no tanto porque sus resultados hayan pasado el escrutinio, sino porque las conclusiones presentadas en el artículo parecían a primera vista muy preocupantes», escribió Mantel.

Una nota corta al final dice: «El Instituto del Tabaco ha confirmado los análisis incluidos en esta carta. Los puntos de vista expresados son los del Sr. Mantel, y no reflejan necesariamente los del Instituto del Tabaco o la American University».

Los recibos de pago, no obstante, muestran que un grupo de abogados de Shook, Hardy & Bacon escribieron el borrador de por lo menos parte de la carta, y que la editaron. Con el título de «Estado», en el registro de pagos, dice: «Borrador de SH&B (Shook, Hardy & Bacon) 11/2/92; nueva versión a SH&B 11/9/92; enviada 11/9/92».

En una entrevista, Mantel dijo que él nunca había trabajado para la industria del tabaco, «pero me llamaban ocasionalmente para hacerme consultas sobre los artículos».

Mantel dijo que, aunque cree que existen pruebas suficientes de que el tabaco provoca cáncer de pulmón, no está demostrado de que el humo del tabaco ambiental provoque cáncer. «Las pruebas sobre los efectos del tabaquismo pasivo son poco concluyentes –afirmó--. Nunca haría nada activamente para la industria del tabaco. No hacía más que contactar con el editor cuando se publicaba algo inadecuado para expresarle mis dudas.»

El editor de JAMA, Dr. George Lundberg, manifestó que los autores tienen la obligación de revelar si tienen algún conflicto de intereses sobre los temas de los que escriben; JAMA tiene un formulario de datos especial que deben rellenar todos los colaboradores. No obstante, en el mismo no pide que los colaboradores revelen cuánto han cobrado por escribir un artículo o carta determinados. Al hablarle del dinero que Mantel y otros autores habían cobrado para escribir en su revista, Lundberg dijo: «Esas cosas siempre nos hacen sospechar. En este caso, si un autor cuestiona alguna investigación publicada en JAMA, esta persona debería hacerlo basándose en los méritos de la investigación. Pero si esta persona cobrara de una organización para escribir una carta diciendo esto o aquello, querríamos saberlo».

Lundberg asegura que hay veces en «que puedes inferir de estos elementos económicos un conflicto de interés real que puede hacer que el lector o el editor duden de ese material escrito. Nosotros creemos que el lector merece saber quién paga por lo que lee».

Sin embargo, un editor de una revista declaró que no le importaba quién pagara a los científicos y que nunca se lo preguntaría: «Nunca he hecho la pregunta '¿Le han pagado por escribir eso?' --afirma C. Jelleff Carr, editor de Journal of Regulatory Toxicology and Pharmacology--. Creo que sería casi impropio si lo hiciera».

Carr declaró que los artículos que llegan a su publicación se envían a dos científicos para realizar la revisión por pares. «Si la decisión es que vale, por lo que a mí respecta, no me meto en el asunto de si es pagado o no.»

Los registros contables muestran que un artículo sobre «El proceso de la EPA, comprobación y gestión de riesgos» que iba a escribir el antiguo delegado de la EPA, John Todhunter, y el asesor sobre tabaco W. Gary Flamm, tenía un presupuesto de 25 000 dólares. Flamm es miembro del consejo editorial de la publicación. El asesor industrial Gori es uno de los editores asociados de la revista. Cuando le dijimos cuánto cobraron Flamm y Todhunter, Carr respondió: «Mucho dinero por escribir un artículo».

«El dinero manda - afirmó Carr -. Es algo que nunca podremos cambiar.»

 

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