De Los tónicos de la voluntad al programa Ramón y Cajal

 

From Los Tónicos de la Voluntad to the Ramón y Cajal program

 

Javier López Facal

 

La historia de la política científica en España ha corrido prácticamente en paralelo a la del propio sistema de ciencia y tecnología y, eventualmente, ligada a los avatares internacionales. El autor propone un amplio recorrido histórico en el que las instituciones nacionales e internacionales, así como textos de referencia básicos, son tomados como punto de partida para avanzar desde la Guerra Civil española hasta la actualidad.

 

The history of scientific policies in Spain has run parallel to the Science & Technology system and ultimately, to international events. The author proposes an extensive historical account describing how national and international institutions, as well as primary reference texts, have represented a landmark in the advancement of Science & Technology from the Spanish Civil War to today.

 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) no sabía lo que era la I+D y Albert Einstein (1879-1934) a duras penas, y ello porque hasta la Segunda Guerra Mundial no se habían asociado estos dos conceptos que hoy parecen una especie de unión hipostática. Es más, a la mayoría de los científicos del siglo xix o primera mitad del xx a los que se les hubiera presentado el binomio I+D, les habría parecido un oxímoron: algo así como «la nieve ardiente» o «la luminosa oscuridad».

Probablemente, la primera aparición pública e institucional del compuesto «I+D» se dio en 1941 con la creación de la Office of Scientific Research and Development (OSRD) en Estados Unidos, para cuya dirección se nombró a un célebre ingeniero (cómo no) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), llamado Vannevar Bush. Era éste un apasionado defensor de «the application of science to the needs and desires of man» (Bush, 1945), y su bien conocido informe Science, the Endless Frontier, presentado al presidente Truman en 1945, puede ser considerado como el texto fundacional de esta nueva concepción de la ciencia como herramienta para el desarrollo de la sociedad.

Disuelta la OSRD en 1947, una vez finalizada la guerra que motivó su creación, se sintió la necesidad de aplicar los nuevos conceptos y métodos de fomento de la investigación científica a través de un organismo civil y, en estas circunstancias, se creó la National Science Foundation en el año 1950.

En 1958, Eugene Garfield creó un Institute for Scientific Information en Filadelfia con ayuda de un crédito de 500 dólares. Este instituto comenzó su actividad haciendo modestamente resúmenes de publicaciones de química y biomedicina y, a partir de 1961, y gracias a una ayuda de los National Institutes of Healh, empezó a elaborar los citation indexes.

En 1948 se había fundado una Organización para la Cooperación Económica Europea con el objetivo de organizar las ayudas del Plan Marshall destinadas a la reconstrucción de una Europa devastada por la guerra. Cuando esta organización hubo cumplido sus cometidos no se disolvió, sino que ingresaron en ella Estados Unidos, Canadá y Japón y se convirtió (en 1961) en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Una de las primeras actividades emprendidas por esta renacida OCDE fue la de convocar en París una conferencia de los ministros responsables de ciencia de 22 países (en 1963) y encargar la redacción de un manual para unificar la medición de las actividades científicas y tecnológicas que permitiesen la comparación internacional.

El mismo año en que empezaba a funcionar la OCDE se fundaba en el Reino Unido la Universidad de Sussex, en cuyo seno se creó la Science Policy Research Unit (SPRU). En el origen de ésta se encontraba Christopher Freeman, a quien la OCDE le encargó, como consultor externo, la redacción del manual en cuestión (Manual de Frascati, 1963).

Hasta la irrupción de los fascismos en la escena mundial, la ciencia había sido una creación fundamentalmente europea, pero ya en la década de los treinta comenzó una diáspora de eminentes científicos hacia Estados Unidos: los ejemplos de Albert Einstein (que renunció a la nacionalidad alemana cuando Hitler llegó al poder), de Enrico Fermi (que no regresó a la Italia fascista tras recoger su premio Nobel en Estocolmo), o de Severo Ochoa (que abandonó su cátedra madrileña al estallar la Guerra Civil española), son paradigmáticos y nos pueden eximir de ofrecer una larga nómina de científicos europeos transterrados.

Por otra parte, los efectos de las guerras (la mundial y, entre nosotros, la civil) resultaron devastadores para los países europeos en todos los aspectos y, lógicamente también, para la producción de la ciencia. Un célebre ministro de la Gobernación del primer franquismo, Camilo Alonso Vega, definió con ingenua sinceridad la masiva diáspora de intelectuales españoles en América: «Parece como si aquí sólo nos hubiéramos quedado los burros».

En estas circunstancias de una Europa devastada y empobrecida y de un Estados Unidos rico y triunfante, no es de extrañar que las nuevas ideas, los nuevos modelos, las innovaciones políticas y sociales viniesen de allende el Atlántico: la diosa Minerva que, no se olvide, era la diosa de las artes, pero también de la guerra, se había establecido en Estados Unidos.

 

La I+D también llega a España

 

Bajo esta pax americana incluso las provincias periféricas del imperio, como España, adoptaron el nuevo credo: compárese la retórica de la Ley fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 24 de noviembre de 1939 («tal empeño ha de cimentarse, ante todo, en la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias, destruida en el siglo xviii») con el tecnocrático planteamiento del Decreto por el que se crea la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT) de 7 de febrero de 1958 («los más importantes problemas de la economía en general, la industrialización y la defensa, que preocupan a los Gobiernos de todos los países, están íntimamente vinculados a problemas científico-técnicos, que solamente un amplio desarrollo de la investigación, en indisoluble unión de la fundamental y la aplicada, permite acometer»).

Así, como de puntillas, entró el concepto de I+D en la legislación española, a través del decreto fundacional de la CAICYT que, para que quedase clara su importancia política y para evitar los tribalismos ministeriales, se adscribió a la Presidencia del Gobierno.

En 1962 se cambia el nombre del Ministerio de Educación Nacional por el de Educación y Ciencia (MEC), y se nombra ministro del nuevo MEC a un científico experimental, Manuel Lora Tamayo. Como responsable de la ciencia española, Lora Tamayo asistió a la Conferencia de París, organizada por la OCDE, mencionada anteriormente. Ese mismo año de 1963 se aprobaba el Primer Plan de Desarrollo que introdujo en España la figura de «proyecto de investigación», una absoluta novedad metodológica por aquellos días (Muñoz, 1986; pág. 78).

En 1964 se crea por Decreto de 16 de octubre el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica, dotado con cien millones de pesetas procedentes de un crédito del Banco Mundial. Este fondo iría creciendo paulatinamente con los años del tardofranquismo y la época de la UCD (Muñoz, 1986; pág. 77).

Asimismo, la CAICYT introdujo en España las metodologías de evaluación de proyectos de investigación, mediante paneles de expertos («ponencias») y la figura de los planes concertados de investigación, que son proyectos de I+D presentados por empresas.

Durante los gobiernos de UCD se creó el Ministerio de Universidades e Investigación (en 1977) en el que se integró la CAICYT y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, 1978), adscrito al Ministerio de Industria. En el CDTI, por cierto, se realizó la primera traducción del Manual de Frascati (1981). A partir de este año se volvieron a publicar convocatorias de proyectos y se introdujo el sistema de evaluación por pares (peer review system) que es el actualmente vigente en todo el mundo.

Ya hacia el final de esta etapa comenzaron a aparecer las primeras publicaciones específicas sobre la política científica española: la monografía de Alejandro Nieto et al., de 1982, Apuntes para una política científica, a pesar de la modestia que refleja su propio título, supone el comienzo de la producción española en este campo.

 

Una política científica visible

 

Con la llegada del Partido Socialista al Gobierno en 1982, la política de ciencia y tecnología adquirió una visibilidad social y una centralidad política desconocidas en nuestro país: los medios de comunicación empezaron a ocuparse con regularidad de temas científico-técnicos, creando al efecto suplementos, secciones fijas y programas especializados; se iniciaron o desarrollaron cursos de posgrado sobre política científica y gestión de la investigación, como el pionero OGEIN (Organización y GEstión de la INvestigación) que organizó en Alcalá de Henares el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); se crearon museos y casas de la ciencia, ferias, exposiciones, concursos de jóvenes investigadores, jornadas de puertas abiertas, premios de investigación, revistas de divulgación científica y otras iniciativas que permitieron crear un estado de opinión en el que las políticas de fomento de la I+D encontraron un ambiente propicio para su desarrollo.

En este ambiente y, sobre todo a partir de 1985, empezaron a aparecer estudios y monografías de política científica: la revista Arbor dedicó un número monográfico (nº 121, 1985) a estos temas; el Gabinete de la Presidencia del Gobierno encargó un informe sobre política científico-tecnológica que se publicaría en 1986 (Castell, 1986); ese mismo año aparecía en la Editorial Aguilar el libro Ciencia y tecnología: una oportunidad para España de E. Muñoz y F. Ornia; en años sucesivos irán apareciendo estudios globales y monografías temáticas en diversas editoriales, entre las que merece destacarse la meritoria Colección Impactos, editada por FUNDESCO; la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación lanzó una decente revista bimensual titulada, precisamente, Política Científica (1985-1997).

De la actividad legislativa de los sucesivos gobiernos socialistas en temas relacionados con la política científica deben recordarse cuatro leyes: la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU), de 25 de agosto de 1983; la Ley de Patentes, de 20 de marzo de 1986; la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, de 14 de abril de 1986 (Ley de la Ciencia), y la Ley de Propiedad Intelectual, de 11 de noviembre de 1987.

A las iniciativas legislativas les acompañaron crecientes inversiones en I+D e innovaciones institucionales y organizativas. Son especialmente determinantes para el sistema español de Ciencia y Tecnología la creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI, conocida como «la Gallifantera») y de la Función 54 de los Presupuestos Generales del Estado.

Tuvo también una gran incidencia en el sistema de I+D el ingreso de España en la entonces llamada Comunidad Europea, en el año 1986, porque no sólo supuso disponer de una nueva fuente de recursos, sino también la apertura del sistema a la colaboración y competencia con otros sistemas nacionales más productivos y rodados.

Desde 1988, como consecuencia de la Ley de la Ciencia, se promulgaron cada cuatro años los Planes Nacionales de I+D, cuyas memorias contienen análisis valiosos del sistema español, que han sido profusamente utilizados y escasamente citados en la ya creciente bibliografía especializada.

Las memorias del CDTI, las monografías sobre el estado de la I+D en sus respectivos territorios editadas por diversos gobiernos autonómicos, los informes y monografías de COTEC, los estudios publicados por las fundaciones (merecen recordarse, entre otras, las de la Fundación 1º de Mayo ), por las OTRI o los Centros de Transferencia Tecnológica (el de la UPV también es merecedor de recuerdo) e, incluso, la realización de tesis doctorales sobre temas específicos de política científica y tecnológica, crearon un corpus documental sobre la política científica en España de notable volumen y, en ocasiones, de nivel internacional. Esta producción intelectual acompañaba al despegue del número de las publicaciones científicas españolas analizadas en artículos y estudios que realizaba, entre otros, el CINDOC.

Sobre este amplio período, que abarca desde la Guerra Civil española hasta la actualidad, el lector puede encontrar una información más detallada en Sanz Menéndez (1997).

Con la llegada al poder del Partido Popular, y tras unos iniciales titubeos que no llegaron a cumplirse (Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo), se introdujeron modificaciones en la Ley de la Ciencia (Ley 13/1996, de 30 de diciembre) para permitir elevar de rango a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), que pasó a ser presidida por el presidente del Gobierno; se creó una Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT), adscrita a la Presidencia del Gobierno (Real Decreto 111/1998, de 30 de enero); se concluyó el proceso de transferencia de las universidades a los gobiernos de las comunidades autónomas y se introdujeron unas modificaciones en el Plan Nacional de I+D que supusieron la no continuación de la serie: el que tendría que ser el IV Plan Nacional pasó a ser el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2004).

Ya en la segunda legislatura del Partido Popular, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre la base del antiguo MINER y con la adscripción de varios servicios del antiguo MEC y de una serie de OPIS, dependientes de diversos ministerios (Reales Decretos 557/2000 de 27 de abril, 696/2000 de 12 de mayo y 1451/2000 de 28 de julio) y se modificó la LRU mediante la promulgación de una Ley Orgánica de Universidades (LOU).

El flamante ministerio puso en marcha en el año 2001 un programa para incorporar doctores al sistema español de ciencia y tecnología, al que bautizó con el nombre del autor de Los tónicos de la voluntad. De esta forma, el mayor científico español de todos los tiempos (pero que no sabía lo que era la I+D) abre y cierra algo más de un siglo de ciencia y política científica española.

 

 

Javier López Facal ha sido Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es Profesor de Investigación del CSIC en Política Científica y Gestión de Investigación. En 1995 fue nombrado Director de Gabinete del Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

 

 

Bibliografía

 

Bush W.: «As we may think», The Atlantic Review, 1945; julio.

Muñoz E., Ornia F.: Ciencia y tecnología: una oportunidad para España, Ed. Aguilar, Madrid, 1986.

Castell M. et al.: Nuevas tecnologías, economía y sociedad en España, Alianza Editorial, Madrid, 1986; 2 vols.

Sanz Menéndez L.: Estado, ciencia y tecnología en España: 1939-1997, Alianza Editorial, Madrid, 1997.

 

 

Frases destacades

 

«Con una Europa devastada y empobrecida por la guerra y un Estados Unidos rico y triunfante, no es de extrañar que las nuevas ideas, los nuevos modelos, las innovaciones políticas y sociales viniesen de allende el Atlántico.»

 

«El concepto de I+D entró en la legislación española, a través del decreto fundacional de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica que, para que quedase clara su importancia política y para evitar los tribalismos ministeriales, se adscribió a la Presidencia del Gobierno.»

 

«La progresiva consolidación del sistema permitió crear un corpus documental sobre política científica de notable volumen y, en ocasiones, de nivel internacional, que se vio acompañada del despegue del número de publicaciones científicas.»